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Principal 15 oct 2026 5 min de lectura

Fiscalía española avala investigar a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales a dos exempleadas

La Fiscalía española modificó su criterio y emitió un informe favorable para que la Audiencia Nacional pueda estudiar una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y malos tratos a dos exempleadas. La decisión representa un nuevo avance en el proceso judicial iniciado por las mujeres, aunque todavía no significa que se haya abierto formalmente una investigación contra el artista.

Fuentes del Ministerio Público informaron este jueves que la Fiscalía considera que la Audiencia Nacional, con sede en Madrid y especializada en determinados delitos complejos, puede tener competencia para examinar los hechos denunciados. Ahora corresponderá a un juez determinar si procede iniciar las pesquisas.

Las acusaciones se refieren a presuntos hechos ocurridos en 2021, cuando las dos mujeres trabajaban en propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana. De acuerdo con sus testimonios, habrían sufrido agresiones y acoso sexual, además de malos tratos y restricciones a su libertad durante su empleo.

Julio Iglesias, de 83 años, ha rechazado las acusaciones y las ha calificado de «absolutamente falsas». El intérprete también ha negado haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a alguna mujer.

¿Por qué cambió el criterio de la Fiscalía?

El caso tuvo un primer obstáculo judicial a comienzos de 2026, cuando las dos exempleadas presentaron una denuncia que terminó archivada. En aquella ocasión, el Ministerio Público consideró que la Audiencia Nacional no tenía competencia para investigar los hechos porque presuntamente habían ocurrido fuera de España y tanto las denunciantes como el acusado residían en el extranjero.

Tras ese primer intento, las mujeres presentaron una nueva denuncia en septiembre, con el respaldo de la organización internacional Women’s Link Worldwide, que las representa legalmente.

La Fiscalía no explicó públicamente las razones concretas por las que modificó su postura. Sin embargo, el nuevo informe favorable abre la posibilidad de que un juez examine si los tribunales españoles pueden intervenir en el caso.

La diferencia es relevante porque el pronunciamiento de la Fiscalía se refiere a la competencia judicial, no a la veracidad de las acusaciones. Para que el procedimiento avance, el juez deberá valorar si existen fundamentos jurídicos para abrir una investigación.

Women’s Link Worldwide sostiene que la justicia española puede actuar con base en una legislación que permite investigar determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España.

La aplicación de esas disposiciones será uno de los puntos centrales para determinar si el caso puede avanzar en los tribunales españoles, pese a que los hechos denunciados habrían ocurrido en otros países.

Las acusaciones de las dos exempleadas

Según los testimonios difundidos por Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, las denunciantes atribuyen a Iglesias presuntas conductas de agresión y acoso sexual, así como prácticas de control durante el periodo en el que trabajaron para él.

Las mujeres también sostienen que el cantante habría revisado regularmente sus teléfonos celulares, restringido sus salidas de las viviendas donde trabajaban y exigido jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin días de descanso y sin contrato.

Estas afirmaciones forman parte de las denuncias y de los testimonios recopilados por las organizaciones que acompañan a las mujeres. Su contenido deberá ser examinado por las autoridades judiciales si se abre una investigación; por ahora, no constituyen hechos acreditados mediante una resolución judicial.

En una carta abierta publicada en septiembre, las dos exempleadas solicitaron a la justicia española que reconociera y garantizara sus derechos, particularmente en materia de investigación, protección y acceso a la justicia.

La intervención de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de las mujeres ha colocado el caso en el centro de un debate sobre los mecanismos disponibles para denunciar presuntos delitos cometidos en el extranjero y las condiciones que deben cumplirse para que los tribunales de otro país puedan intervenir.

Julio Iglesias niega las acusaciones

Ante las denuncias, Julio Iglesias ha sostenido que las acusaciones son falsas y ha negado haber cometido abusos o haber coaccionado a alguna mujer.

El cantante, nacido en 1943, es una de las figuras más reconocidas de la música en español y ha construido una carrera internacional de varias décadas. Su repertorio incluye canciones como Soy un truhán, soy un señor, Gwendolyne, Me olvidé de vivir y Con la misma piedra.

A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 300 millones de discos, según las cifras difundidas en la información sobre el caso, y ha alcanzado una amplia popularidad en España, América Latina y otros mercados internacionales.

La denuncia supone un nuevo episodio en la exposición pública del artista, pero el avance judicial no implica que exista una declaración de culpabilidad ni que las acusaciones hayan sido probadas.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

El siguiente paso dependerá de la decisión de un juez de la Audiencia Nacional. El informe favorable de la Fiscalía permite que se examine la competencia del tribunal, pero no obliga por sí mismo a abrir una investigación ni determina el resultado del procedimiento.

Si el juez decide iniciar las pesquisas, las autoridades podrán analizar los testimonios, las pruebas aportadas y las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron los hechos. También deberán determinar qué actuaciones pueden realizarse respecto de acontecimientos ocurridos en Bahamas y República Dominicana.

Por ahora, el caso permanece en una fase previa a la apertura formal de una investigación judicial. La postura de la Fiscalía modifica el escenario respecto del primer intento, que terminó archivado por una cuestión de competencia, pero todavía no resuelve el fondo de las acusaciones.

El proceso será determinante para establecer si los tribunales españoles pueden investigar los hechos denunciados y, en su caso, valorar las pruebas con las garantías correspondientes para todas las partes.

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